- El también catedrático de Derecho Internacional Privado de la Autónoma de Barcelona ha participado en una mesa redonda sobre el futuro de Cataluña tras el 9N
- El otro ponente, el catedrático de Derecho Constitucional de la CEU-UCH Martínez Sospedra ha afirmado que el Gobierno Central ha estimado que “cumplir a rajatabla la ley en este caso no era conveniente políticamente”
Valencia, a 10 de noviembre de 2014.- “Para alcanzar el consenso son necesarios tres elementos procedimentales: el diálogo de verdad, el rigor y el respeto al marco legal, que es una garantía para todos. Y el 9N es un ejemplo palmario de que el marco legal no se está respetando ni se está haciendo respetar”. Así se ha expresado esta mañana Rafael Arenas, vocal de Societat Civil Catalana y catedrático de Derecho Internacional Privado de la UAB, antes de participar en la mesa redonda “Cataluñá tras el 9-N. Y ahora qué”, organizada por la Universidad CEU Cardenal Herrera. En la mesa también ha intervenido Manuel Martínez Sospedra, catedrático de Derecho Constitucional de la CEU-UCH.
“La jornada de ayer nos deja una cierta tristeza, porque hubo un incumplimiento claro de la Constitución y se quebró el Estado de Derecho”, ha subrayado Arenas. El ponente se ha lamentado, así mismo, de que “lo que era una jornada de propaganda llevada por activistas nacionalistas pasara para muchas personas de buena fe como una jornada de participación democrática”.
El vocal de Societat Civil Catalana ha asegurado que “aunque los resultados no pueden darse por buenos, porque no había los elementos de contraste para ello, por lo menos marcan un máximo y lo que nos indican es que el independentismo es un movimiento significativo en Cataluña, pero minoritario”.
“A partir de ahora, ha señalado Arenas, tendremos que gestionarlo para que no sea posible que una minoría condicione la política catalana y española, y para rehacer el Estado de Derecho, porque la imagen de una consulta en locales públicos con apoyo de administraciones públicas a pesar de estar doblemente prohibida por el Tribunal Constitucional no es un espectáculo edificante”.
El ponente se ha manifestado en contra de reformar la Constitución como solución al conflicto, “porque esta reforma debería partir de un consenso y no suponer una contraprestación a la petición de una minoría”.
En opinión del vocal de Societat Civil se dejaron muchas vías para convertir esa consulta en una manifestación popular no apoyada por administraciones públicas. “Si el martes la Generalitat se hubiera desentendido y las asociaciones hubieran decidido como acto de reivindicación de la independencia montar en la calle sitios para que le gente votara, me hubiera parecido perfecto. Lo intolerable es que la administración pública desoiga una orden expresa del Constitucional”.
Respecto a las responsabilidades legales, Arenas afirma que probablemente tendrán que depurarse. “El martes varios miembros del Gobierno de la Generalitat manifestaron expresamente que a pesar de la prohibición seguirían adelante. Si eso no tiene consecuencias, no sé quién va a pagar los impuestos cuando toque”, ha concluido.
Pactos subterráneos
Por su parte, Manuel Martínez Sospedra ha afirmado que ha habido “un pacto tácito entre los gobiernos central y autonómico para que se pudiera celebrar este ‘sondeo’, porque ambas partes, por motivos distintos, han llegado a la conclusión de que era la solución menos mala”.
“A partir de ahora, ha continuado Martínez Sospedra, esto de la consulta se ha acabado y presumo que la estrategia del Sr. Mas es marginar a Esquerra Republicana, aguantar en el gobierno y ver si puede acabar la legislatura”.
El catedrático de la CEU-UCH vaticina otro pacto subterráneo, “porque a nadie, excepto a Esquerra, le interesa que se rompa la baraja, sobre todo a la vista de unos resultados que, por decirlo en términos prudentes, impactantes no son con los datos que hay publicados hasta ahora. Y los independentistas que hay han votado todos”.
Martínez Sospedra ha afirmado que el fenómeno del auge del independentismo es una manifestación de protesta política y “el equivalente de Podemos en el conjunto del país”. “Es una protesta frente a un sistema político esclerotizado y que estaba en crisis antes de la crisis económica, que se ve agravado por el impacto de esta y, a su vez, por la respuesta que se ha dado a esa crisis con una política que inflige grandes sufrimientos a la población y que además no funciona”, ha declarado.
El docente considera que el Gobierno central ha estimado que “cumplir a rajatabla la ley en este caso no era conveniente políticamente”. “Las responsabilidades legales, ha explicado el catedrático, se pueden exigir sobre la marcha y unos días después, y no pasa nada. Y aquí se ha optado, y yo creo que con buen criterio, por la segunda opción”.
