Información e imágenes: Zhanzhi Chen
La ‘Jornada sobre el acoso y la violencia escolar’ organizado por la Universidad CEU Cardenal Herrera, COPE Valencia y la Consellería de Educación abordó de la mano del Catedrático de Derecho Penal de la UCH-CEU, Javier García, y el inspector de Educación, Miguel Bregel, el problema al que se tienen que enfrentar las personas acosadas en entornos escolares desde un punto de vista legislativo y administrativo. Una sesión en la que ambos profesinales ofrecieron al auditorio una reflexión sobre cómo es la realidad normativa que ampara a aquellos que sufren este tipo de conductas y castiga a aquellos que las perpetran.
En este sentido, Javier García, Catedrático de Derecho Penal de la UCH-CEU, afirmó: “Cuando interviene el derecho penal o cuando intervienen las normativas, ya llegamos tarde” y disertó en torno a la regulación actualmente vigente contra el acoso escolar. “Nosotros tenemos que conocer las normas, criticar y mejorar esas normas”, insistió García a los estudiantes de Magisterio que acudieron a la jornada e incidió a que los “futuros profesionales” -así se refirió a los asistentes- sean capaces de explicar esas normas y protocolos a las familias, a los centros escolares o incluso instituciones judiciales. El catedrático de la CEU UCH expuso que uno de los principales dilemas en torno al acoso escolar reside en una clara distinción entre el concepto social y el concepto jurídico: “No tenemos un delito de acoso”, apuntó. Asimismo, quiso recordar que los menores de 14 años no tienen responsabilidad penal.
El filtro de la edad también se extrapola a la nueva realidad: el ciberacoso. Un nuevo marco de actuación de los acosadores, el ámbito digital, donde la capacidad de regulación, control y registro del acoso afronta una mayor dificultad, pues la vertiginosa velocidad del desarrollo tecnológico no está siendo alcanzada por el legislador en materia de regulación de dicho ámbito y de los casos punibles protagonizados por los acosadores le: “La respuesta va a ser educativa y no de castigo”, recalcó el catedrático. En torno a la misma cuestión, Miguel Bregel, inspector de Educación y representante del servicio de inspección de Educación de la Dirección Territorial de Valencia inició su intervención explicando las principales funciones que se le atribuyen al inspector como son la de supervisar los centros educativos, asesorar a los centros y a la comunidad educativa y trasladar la información a la administración.
Bregel, inspector de Educación: “Los inspectores no somos abogados, no somos policías. Somos docentes.”
Desde su punto de vista a lo largo de los años los alumnos que sufren acoso escolar han aumentado considerablemente: “Les puedo decir que uno de los problemas que más nos llega a inspección es la convivencia escolar”, aseguró. Y tambien incidió en el incremento de casos de ciberacoso, tentativas de suicidio y, desgraciadamente, suicidios consumados. Unas incidencias que, tal y como afirmó, han superado las quejas por reclamación de calificaciones, además, incidió y alertó del incremento de agresiones al profesorado.
Bregel se mostró crítico con la situación de la ley educativa vigente -la LOE- y apuntó algunas carencias que tiene el actual sistema en cuanto al procedimiento, los mecanismos preventivos y los protocolos de actuación. En este sentido, puso el ‘procedimiento conciliado’ como un claro ejemplo de ello, pues este consiste en que, antes de pasar por la vía judicial y siempre que se trate de la primera vez que se acosa a la víctima, únicamente con la aceptación de las acciones por parte del acosador, un compromiso de que va a cambiar su conducta y pedir perdón al afectado era suficiente. “Eso es lo que tenemos hoy en día en nuestra normativa que hay que cambiar y que van a cambiar”, concluyó.
