Expertos de la Administración Pública y la empresa privada analizan la Ley 26/2007
Representantes de la administración pública y de la empresa privada han expuesto la responsabilidad medioambiental de la empresa en unas jornadas organizadas por el Instituto CEU de Disciplinas y Estudios Medioambientales (IDEA) y la concejalía de Calidad Medioambiental, Energías Renovables, Cambio Climático y Ciclo Integral del Agua, con la colaboración de la consultora Willis. En esta sesión el representante de la Comisión de Medio Ambiente de la CEOE, Valentín Alfaya, ha apuntado que desde la patronal se está trabajando para incluir mejoras en esta norma y ha concretado que han propuesto al Gobierno que publique un nuevo anexo que concrete los aspectos que se incluyen en el anexo III de la ley 26/2007. Alfaya también ha criticado la escasez de técnicos en las empresas y en la Administración Pública que realicen análisis de riesgos efectivos y ha propuesto la creación de “investigaciones sectoriales que sirvan de modelo para cada ámbito empresarial”. La monetización es otro de los aspectos que, según el representante de la Comisión de Medio Ambiente de la CEOE, preocupa a los operadores y no se está calculando como corresponde. Alfaya ha concretado que “si se hace como la ley marca, el coste que sale es ridículo” y ha matizado que hay que tener en cuenta “las medidas de reposición, las complementarias y las compensatorias” que supone cualquier incumplimiento de la norma.
Relevancia de la ley 26/2007 en Valencia
En la inauguración de estas Jornadas, la concejala de Calidad Medioambiental, energías Renovables, Cambio Climático y Ciclo Integral del Agua, Mª Ángels Ramón-Llin, ha destacado la especial relevancia que tiene esta ley en la Comunidad Valenciana, debido a “la presencia de un importante tejido industrial junto a espacios naturales susceptibles de protección”. Ramon-Llin entiende que el Parque Natural de la Albufera es un buen ejemplo de ello. Por su parte, la secretaria autonómica de Medioambiente de la Generalitat Valenciana, Mª Ángeles Ureña, ha anunciado que, una vez el Estado ya aprobó la ley, “ahora son las Comunidades Autónomas quienes deben desarrollarla”. En esta línea, Ureña Guillem ha anunciado que la Generalitat está ultimando una norma autonómica.
El jefe de Área de Calidad Ambiental de la Dirección General para Cambio Climático de la Generalitat Valenciana, Francisco Segura, ha esbozado cuáles son los aspectos básicos de la ley 26/2007, recalcando que ésta se asienta sobre dos pilares esenciales: el principio de “quien contamina, paga” y el principio de “más vale prevenir que curar”. Asimismo, ha anticipado cuáles serán las novedades que incorporará la próxima norma autonómica: la creación de un Fondo de reparación de daños medioambientales, una mayor participación de los Ayuntamientos en esta materia, la regulación del procedimiento administrativo y la creación de las denominadas Juntas de usuarios.
Falta de información para la sociedad
Para el socio de Medio Ambiente de Garrigues, Santiago Garrido, la Ley de Responsabilidad Medioambiental es “innovadora, difícil de aplicar y desconocida para buena parte de la sociedad”. Quizá por todo ello se entienda que “la ley no se está aplicando” ya que actualmente sólo existen dos procedimientos, de acuerdo con la nueva normativa, en toda España. Garrido ha recalcado la ambigüedad que padece la nueva ley en determinados aspectos, de ahí que haya apostado por una mayor concreción de la mano de futuras órdenes ministeriales.
Por su parte el director de la división de Medio Ambiente de Willis, Alfonso Urquijo, ha expuesto la gestión y la transferencia del riesgo medioambiental. Para Urquijo esta norma afecta principalmente a las pymes que es “en el sector que mayor preocupación hay porque no hay casi recursos” y ha apuntado como posible solución “explicarles que- esta ley- viene a prevenir el dominio del patrimonio público”. Y es para el representante de la consultoría Willis “hay aspectos que no se han explicado a la sociedad”.
