La investigación analiza la ley española del Sector Eléctrico
“Con la actual política de precios se discrimina y penaliza al consumidor futuro frente al actual”. Ésta es una de las conclusiones de la tesis defendida por José Pascual Ruiz, profesor de Administración y Dirección de Empresas del CEU, en la Biblioteca de la universidad privada. Su trabajo, “Ley 54/1997 del Sector Eléctrico y los obstáculos a la libre competencia”, fue calificado con un sobresaliente por el tribunal.
Según afirma el doctor Ruiz, al no repercutirse los costes reales de la producción de electricidad en el consumidor final, se incrementa el déficit tarifario, que ya es de 16.000 millones de euros, y serán los consumidores futuros los que deban devolver la cantidad financiada hoy. “Regalar la electricidad puede no beneficiar a la economía española”, concluye el profesor. Para el investigador, al mantener a los consumidores finales aislados de los costes reales del sistema, “su comportamiento de consumo no está de acuerdo al nivel de escasez de la electricidad, lo que hace necesario realizar cortes forzosos de suministro para mantener la seguridad del sistema”.
Como explica en su tesis el profesor del CEU, desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno, en lugar de calcular la tarifa del modo en que la propia ley contempla, según el que deben recogerse los incrementos de costes, se limita a fijarla de antemano estableciendo el valor máximo que este precio podría alcanzar en el mercado mayorista. “Esto marca el grado intervencionista de la Administración, lo que contradice el espíritu de liberalización de la ley”, afirma el investigador, que argumenta: “Si los consumidores pueden elegir libremente comprar a cualquier suministrador en el mercado, ¿por qué una tarifa regulada?”. Para el profesor del CEU este sistema de fijación se convierte en un obstáculo al libre funcionamiento del mercado propugnado por la propia ley.
Otros obstáculos implícitos en la ley, según la tesis, pasarían por la tibieza en la desagregación exigida: “La ley no exige separación de propiedad entre los negocios en competencia y los negocios de red. La separación entre los negocios de distribución, generación y suministro de energía eléctrica es condición necesaria para garantizar la competencia en el mercado mayorista”, asegura el investigador. Otro de los problemas es el alto grado de concentración horizontal y una desintegración vertical insuficiente. “Endesa e Iberdrola controlan cerca del 80% del mercado y deberían no superar el 20%” según el profesor.
“La competencia podría ampliarse por esos nuevos partícipes en el mercado o por la competencia de las importaciones, pero el mercado europeo sigue fragmentado debido a la carencia de infraestructuras adecuadas de transporte para interconectar los sistemas y a la falta de voluntad política por parte de algunos países europeos”, considera Ruiz.
La falta de competencia real implica, además, otro riesgo en opinión del investigador: “La rigidez de precio le resta al mercado la posibilidad de defenderse ante un generador que suba artificialmente los precios”.
Ruiz cuestiona, así mismo, el papel de la Comisión Nacional de la Energía, “cuyas decisiones no son tomadas en la práctica por una entidad totalmente independiente, con lo que sus actuaciones pueden responder más a criterios políticos de corto plazo que a técnicos y económicos”, afirma el doctor.
La falta de inversión en redes de transporte y de mecanismos en la ley para garantizar el suministro así como la ausencia de medidas para favorecer el ahorro energético son otras de las deficiencias de la ley que, según el trabajo del nuevo doctor, obstaculizan la libre competencia que pretende.
