Un análisis de Joel González / Imágenes: Archivo
El pasado 4 de febrero el presidente de EE. UU. Donald Trump daba a conocer su plan de expulsar a los más de dos millones de palestinos residentes en la Franja de Gaza para reubicarlos en Egipto y Jordania. Ante la perplejidad de los periodistas presentes Trump anunció su intención de convertir el territorio en la “Riviera de Oriente Próximo”. “Despejaremos la zona y quitaremos los edificios destruidos. […] Crearemos un desarrollo económico que aportará un número ilimitado de puestos de trabajo y viviendas”, detallaba junto a su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu. Una propuesta que, más allá de las evidentes implicaciones éticas de la decisión, se hace preciso estudiar desde el ámbito diplomático y el Derecho internacional.
Postura de los países árabes
Ante la propuesta, las reacciones no se hicieron esperar y Egipto se opuso a la decisión a través de su presidente, Abdel Fattah al-Sisi, quien apuntó que un desplazamiento de los habitantes de Gaza, “nunca puede ser tolerado ni permitido”. Una posición contraria a la de Trump quien se mostraba “al 99% convencido” de que lograría persuadir al ejecutivo egipcio. Por su parte, el rey jordano Abdalá II rechazó cualquier intento de anexionar este territorio y desplazar a los palestinos. Una negativa que pasa por motivos convergentes: los refugiados gazatíes y la solución de los dos Estados.
Desde la perspectiva del gobierno egipcio, este no quiere recibir más refugiados porque teme la infiltración de los grupos militantes más radicales que añadirían más presión sobre sus recursos. Mientras que Jordania, con un 22% de habitantes refugiados palestinos, según la UNRWA, quiere evitar más presión demográfica y conflictos internos como el choque con las comunidades beduinas en posición de privilegio frente a la discriminación de muchos palestinos.
Asimismo, a pesar de mantener unas relaciones de paz con Israel, ambos países defienden la creación del Estado Palestino. Para Egipto apoyar este tipo de medidas supondría ceder completamente a las demandas israelíes lo que afectaría su reputación en la región debilitando su liderazgo en la Liga Árabe. Una posición donde Jordania se ha mostrado defensora del derecho al retorno desde la primera Nakba (diáspora palestina) durante la guerra árabe-israelí (1946-1948). Independientemente de la aparente firmeza de sus respectivos líderes, ambos países se encuentran ante la tesitura de sus posiciones y la dependencia de Washington.
Tal y como indica la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Exteriores y la Oficina de Asistencia Extranjera estadounidense (Foreign Assistance), Egipto recibe una ayuda militar traducida en provisión de tanques M1 Abrams, aviones de combate F-16, misiles antiaéreos Stinger, así como programas de entrenamiento para su personal militar valorado en unos 1.300 millones de dólares, aproximadamente. Por lo que respecta a Jordania, un país con pocos recursos naturales y una economía débil y poco diversificada estamos ante un país que resulta incapaz de sujetar toda su infraestructura sin respaldo financiero exterior. En concreto, en 2023, fue el cuarto país receptor de ayudas estadounidenses, recibiendo cerca de 1.720 millones de dólares destinados a sectores como el económico, de salud y educación, así como ayuda militar.
Todo apunta a que a EE.UU. le conviene mantener en el poder estos gobiernos autocráticos o pseu-dodemocráticos lo que les hace ser más tibios con el objetivo de mantener la estabilidad en la región y proteger las relaciones comerciales, además de la seguridad en el Canal de Suez, frenar el posible avance de Al-Qaeda o ISIS o ejercer de contrapeso frente a otros actores en la región, especialmente Irán. Tanto al-Sisi como Abdullah II se encuentran en la disyuntiva donde los intereses de uno de sus benefactores más poderosos chocan con los suyos ya que, si Trump sigue adelante con sus intenciones podremos observar si la posición de estos dos países se reafirma o la capacidad de influencia norteamericana consigue modificarla. En esa misma dicotomía otros países árabes se han mostrado en contra de la propuesta de Trump. Por ejemplo, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y toda la Liga Árabe han manifestado su compromiso con la causa palestina y la Iniciativa de Paz Árabe que propone la creación de un Estado palestino con Jerusalén Este como capital, el retiro de Israel de los territorios ocupados desde 1967 y el derecho al retorno de los refugiados palestinos a cambio de que los países árabes normalizarían sus relaciones con Israel.
Implicaciones en el alto al fuego
El vigente alto el fuego roto recientemente por Israel con números muertos civiles ha permitido la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Sin embargo, el incumplimiento parcial de los acuerdos está generando incertidumbre sobre su duración. El anuncio de Trump no calmó la situación y Hamás mostró su desacuerdo con el plan objetando que puede afectar la flexibilidad y la posición del movimiento en los próximos procesos de intercambio. Una operación de esta naturaleza se presenta como una desavenencia más y no como una solución entre todas las que están retrasando el cese de la ocupación, el canje de rehenes y, en definitiva, la paz en la región.
A pesar de estos factores, Trump parece querer seguir adelante y, entre tanto, se abre paso un debate de índole iusinternacionalista dado que la ONU también se ha posicionado expresando que cualquier desplazamiento forzoso de personas equivale a una limpieza étnica tal y como recoge el artículo 8-2-b del Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional) en el que se define el traslado forzoso de población como un crimen de guerra; además, el artículo 49 del IV Convenio de Ginebra prohíbe manifiestamente la deportación forzosa de población. Todo un marco legal que supondría otro obstáculo para el plan.
