El Congreso de los diputados acaba de publicar “La política de aguas en España: un laberinto jurídico-parlamentario”, un libro del profesor agregado de Derecho Constitucional de la universidad CEU Cardenal Herrera, Joaquín Marco Marco. Se trata de una investigación que aborda un asunto siempre delicado y en el que se realiza un recorrido histórico. El miembro del grupo de investigación Agua, Derecho, Empresa y Ciencias Políticas y de la Comunicación (ADEC) de la universidad, propone soluciones como la creación de una autoridad nacional “objetiva e imparcial” que unifique criterios, o una reforma constitucional y de la Ley de Aguas.
Pregunta.- El subtítulo de su libro habla de la política de aguas como un “laberinto jurídico-parlamentario”, ¿por dónde se sale?
Respuesta.- La salida pasa por llevar a cabo un planteamiento de solidaridad que es una de las cuestiones que establece la Constitución en relación a las Comunidades Autónomas y también por plantearse la necesidad de llevar a cabo un sistema de distribución del agua y el resto de riqueza dentro de España.
P.- ¿Por qué la política de aguas siempre ha tenido un marco tan inestable y polémico?
R.- De hecho el subtítulo que yo quise ponerle era “Entre la indefinición y el desgobierno” por lo que estoy de acuerdo con esa realidad. Pero no es algo que venga de ahora, ya en el siglo XIX existía. El agua es riqueza y quien la controla sabe que maneja un asunto muy necesario en un país tan tradicionalmente agrícola como es España.
P.- En ese sentido, en su libro hace un recorrido histórico de este asunto, ¿cómo se gobernaba el agua en el franquismo? ¿Ha habido muchos cambios desde entonces?
R.- El principal cambio en la política de aguas llega en 1985 porque la ley que existía hasta esa fecha databa del siglo XIX, por tanto estaba desfasada. Otro de los cambios está en los objetivos. Antes de la democracia se buscaba la creación de pantanos para aprovechar el recurso natural de la lluvia. A partir de ahí se entiende que la misión está cumplida y se pretende reorganizar el agua en función de las necesidades, y ahí es donde entran los famosos trasvases. El del Tajo-Segura, que es el más cercano a los valencianos, es un trasvase que aunque se terminó de elaborar en la transición, llegó a estar pensado en la década de los años 30, pero por distintas coyunturas no se pudo realizar antes.
P.- ¿Le sorprende las discusiones que actualmente genera este asunto?
R.- A día de hoy, el agua se ha convertido en fuente de enfrentamiento entre los distintos partidos políticos que incluso han modificado sus posturas según hayan estado en el gobierno o en la oposición. El PSOE con Felipe González era pro-trasvasista y pasó a ser anti-trasvasista cuando llegó al poder José María Aznar. Siempre será un elemento de confrontación porque las Comunidades Autónomas han intentado capitalizar ese bien.
P.- ¿Existe un problema de competencias mal entendidas?
R.- En realidad, este es uno de los puntos de interpretación que está en manos del Tribunal Constitucional porque las aguas sólo son competencia exclusiva de una autonomía en aquellos casos cuyas cuencas discurran íntegramente dentro de su territorio. Algo que no ocurre en los ríos más importantes. El Ebro pertenece a varias regiones y en el caso del Tajo o el Duero incluso se comparte este recurso con Portugal por lo que no se puede hablar de competencias autonómicas
P.- Con la crisis los trasvases se han aparcado y han pasado a un segundo plano ¿Cree que se reactivarán pronto nuevos planes?
R.- Hoy por hoy no. Y esto tiene dos variantes. Por una parte por las circunstancias económicas que han provocado que las problemáticas ciudadanas vayan por otros ámbitos como el paro, la sanidad o los desahucios. Es cierto que la crisis ha hecho que este tema se haya alejado de la primera plana política. Por otro lado, en el caso concreto de la Comunidad Valenciana, porque era una reivindicación muy clara entre un gobierno autonómico que era de un signo y el estatal que era del contrario. Ahora el ejecutivo central es del mismo color político y por tanto las exigencias y el elemento conflictual se han perdido y las posibilidades de llevar a cabo un trasvase son impensables. En contrapartida, no creo que eso suponga una derogación o una reducción excesiva del trasvase que ya existe que es el del Tajo-Segura.
La desalinización como alternativa
P.- Usted habla de la desalinización como una alternativa y la enfrenta en el libro a los trasvases ¿A qué conclusión ha llegado?
R.- La desalinización tiene un problema añadida de índole económica. Los estudios dicen que el precio final de este proceso por hectómetro cúbico de agua es más alto que con el trasvase pese a todo lo que conlleva este último. Y desde un punto de vista medioambiental no está claro que sea menos perjudicial pues ambos tienen distintos impactos. Por tanto, la alternativa que fue el planteamiento del gobierno de Zapatero durante sus siete años de mandato, no parece que acabe de fructificar.
P.- Recientemente el Constitucional ha vuelto a rechazar recursos del Consell con respecto a la decisión de negar el trasvase del Ebro. ¿Qué le parece que Cataluña financiara con dinero público campañas en contra de este proyecto y que el Partido Aragonesista lo considere literalmente una pesadilla y una amenaza?
R.- Al igual que desde la Comunidad Valenciana el trasvase se ha politizado hacia un lado, en las otras comunidades afectadas se ha hecho en la otra dirección. Hay una sensación de que lo que finalmente lo que sucede es que el agua es un recurso limitado y que si no la usamos pero la cedemos a otra región estamos perjudicando nuestros intereses. Es un tema demasiado sensible en el que hay que buscar un equilibrio. Ni desde Valencia se debería pretender tener toda el agua que transcurre por el Ebro, no solo por el perjuicio que puede hacer a los regantes de la cuenca sino por el daño al ecosistema; ni tampoco puede existir la pretensión contraria de que no se ceda nada. De hecho actualmente hay trasvases menores, hasta siete, que salen desde el Ebro hacia distintos puntos del País Vasco, Cataluña o Aragón y que no han generado ningún ruido mediático. Eso es así porque son relativamente pequeños y porque se ha llegado a un acuerdo político entre gobiernos del mismo color.
P.- Usted también se plantea si vamos hacia una nueva cultura del agua, ¿a qué respuesta ha llegado?
R.- Al no. No estamos caminando en el camino correcto. Aquí la clave pasa por una gobernanza de las aguas, que es fundamentalmente establecer un sistema que con criterios razonables, objetivos y de sentido común, pueda hacer la labor de autoridad nacional e imparcial para establecer unos parámetros de cómo gestionar el agua en España. Así no habría que esperar a complicados acuerdos entre regiones. Además serviría para que los ciudadanos tomaran conciencia del coste del agua, ahorraran y a partir de ahí el Estado generara una distribución mejorada. Aunque suene raro, en España no existe escasez de agua, solo está mal repartida. En aquellas zonas donde hay más agua hay menos habitantes, porque los ciudadanos tienden a irse a zonas cálidas y de costa donde no hay suficientes recursos. Entonces hay dos posibilidades, o se reparte mejor la gente, cosa que lógicamente no va a suceder; o se reparte mejor el recurso.
