Representantes de la abogacía, la fiscalía y el Cuerpo Nacional de Policía han debatido sobre la eficacia de una ley que aún no ha logrado disminuir el número de víctimas por este tipo de violencia
La Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la Universidad CEU Cardenal Herrera ha celebrado la mesa redonda “Problemas de aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”, coincidiendo con la reciente celebración del Día Internacional de la Mujer. Esta actividad ha sido organizada por la profesora Ruth Abril, en el marco de la línea de investigación que dirige para el análisis de la aplicación de la legislación.
En el debate con profesores y estudiantes han participado como expertos invitados la fiscal de Violencia sobre la Mujer Àngels García Vidal, el abogado especializado en temas de malos tratos Manuel Mayer y el subinspector del Cuerpo Nacional de Policía José Jiménez, en una sesión moderada por el abogado y profesor de la CEU-UCH Francisco Davó.
El objetivo de la mesa ha sido analizar si la baja eficacia de la ley, que no ha logrado la reducción del número de víctimas de la violencia de género en el último año, se debe no tanto a su contenido como a los problemas con que se encuentran a diario en su aplicación los profesionales del ámbito judicial y policial.
Falta de recursos
Los tres profesionales invitados han narrado las carencias con las que se enfrentan a diario en la aplicación de una ley cuyos valiosos aspectos educativos, sociales, asistenciales y de atención a las víctimas no han estado acompañados de los recursos y medios necesarios para su puesta en marcha.
En el debate se ha valorado el cambio en el tratamiento de la materia que supone esta legislación, que introduce verdaderamente la perspectiva de género, puesto que a la hora de juzgar cada caso de agresión ya no es necesario demostrar que se ha cometido, efectivamente, con la finalidad de imponer por la fuerza la superioridad del hombre sobre la mujer.
Entre las novedades penales y procesales de la nueva legislación se ha debatido sobre el endurecimiento de las penas, elevando a categoría de delitos los malos tratos más habituales en las relaciones de pareja, cuando esas mismas agresiones siguen siendo faltas si se ejercen sobre otras personas. En este caso, expertos, profesores y estudiantes han discutido si la valoración del delito y de la pena impuesta pueden o no variar en función de quién sea la víctima, aunque los hechos que se juzguen sean los mismos.
