- El ex fiscal general del Estado -actualmente fiscal ante el TS- y crítico cinematográfico ha pronunciado una conferencia sobre cine y derecho
- El ponente ha abogado por un pacto social para acabar con el fenómeno de la piratería
Eduardo Torres-Dulce, fiscal ante el Tribunal Supremo y crítico cinematográfico, inauguró ayer el ciclo de cine jurídico ‘Cine y Derecho’ de la Universidad CEU Cardenal Herrera.
El ex fiscal general del Estado felicitó a la CEU-UCH por esta iniciativa: “El Derecho forma parte de la cultura, y la cultura del Derecho, y creo que es bueno introducir la herramienta cultural del cine, que ofrece una enorme cantidad de tramas humanas -casos reales muchas veces-, permite la divulgación del oficio jurídico y sus valores y principios, y produce debate, que siempre es muy exigible dentro de una sociedad democrática”.
En este sentido, Eduardo Torres-Dulce subrayó que el jurista no debe perder nunca de vista la humanidad, “para poder acercarse a los problemas de las personas”, ni la cultura “porque eso le permite examinar las normas en atención a la realidad social y con un plus que va más allá de la frialdad a veces lapidaria que tienen las leyes”.
Respecto a la judicialización por la que atraviesa la sociedad española, el ponente apostó por “reflexionar para hallar campos o puntos de encuentro que resuelvan los conflictos, sobre todo los que afectan gravemente al pacto social, fuera de los tribunales de justicia”. Para Eduardo Torres-Dulce «es un mal sistema para una sociedad moderna que los problemas sociales, políticos o económicos se resuelvan en los tribunales”.
El fiscal se refirió también a la mediación en el ámbito civil y penal -aun con las dificultades que entraña el papel de la víctima en éste- como “un instrumento que hay que desarrollar y en el que se puede trabajar mucho y bien”.
Un pacto social para proteger la creatividad
“El fenómeno de la piratería y los delitos contra la propiedad intelectual es devastador”, denunció Torres-Dulce. El fiscal abogó por un pacto social para acabar con estas prácticas: “No podemos seguir invadiendo los derechos legítimos de otras personas, creando problemas en la estructura económica e industrial de la cultura y perjudicando gravemente puestos de trabajo”.
El ponente criticó la escasa exigencia de los ciudadanos que compran o descargan copias ilegales de discos o películas de ínfima calidad así como el falso argumento de los que esgrimen que la cultura es cara.
Además, aconsejó reflexionar sobre lo que hay detrás de este fenómeno: “En muchos casos estas ventas ilegales están relacionadas con el crimen organizado, con la prostitución, tratas de seres humanos, tráfico de drogas y otra suerte de crímenes contra la sociedad”.