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Rafael Andrés Alvez junto al profesor Juan Martínez

«Apuestas, juego y publicidad: ¿Informar de un servicio o incentivar el vicio?». La jornada celebrada este viernes, impulsada por el Observatorio Beyond The Line y destinada a alumnos del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad CEU Cardenal Herrera, intentó responder a esta complicada pregunta a través de las intervenciones de Isabel de Salas, catedrática de la CEU-UCH y miembro del Jurado de Autocontrol, Juan Martínez, profesor de Derecho de la Comunicación de esta Universidad,  y Rafael Andrés Alvez, abogado y co-director del Título de experto en Gestión de Empresas de Juego en la CEU – Business School.

Los ponentes explicaron a los estudiantes los pormenores de la situación legal del juego en España, las actividades de comunicación lícitas que las empresas de apuestas y juego pueden llevar a cabo, así como las infracciones más frecuentes.

La publicidad de los juegos de azar es una actividad totalmente lícita, «siempre y cuando se ajuste a la  Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego», explicaron los expertos. La fecha de esta ley, recordó De Salas, «nos indica que es relativamente nueva, después de llevar desde 1997 bajo el régimen de la Ley Real Decreto Ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulaban los Aspectos Penales, Administrativos y Fiscales de los Juegos de Suerte, Envite o Azar y Apuestas». «Sin duda, continuó la experta, su promulgación vino a llenar el vacío legal que se estaba produciendo desde el momento en que las comunicaciones electrónicas (Red Internet) permitían este tipo de juegos saltando fronteras y apareciendo nuevos operadores en el mercado del juego».

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Respecto a la polémica de Eurovegas y la ley del tabaco, Rafael Andrés Alvez reconoció que se trata de un tema «tremendamente complejo». «Los promotores de Eurovegas, afirmó, saben que esto es un elemento condicionante para la inversión. A partir de ahí se ha hecho una requisitoria para que se haga una excepción para este tipo de instalaciones por el carácter de interés público que pueda tener una gran inversión, que trae efectos económicos y empleo». «Pero, por otra parte, continuó el ponente, sería una situación de arrastre para los casinos y salones que querrían que se tuviese el mismo trato con ellos. Por eso habría que buscar la fórmula para asegurar el proyecto económico sin perjudicar el efecto positivo para la salud que hasta el momento ha tenido la ley antitabaco».

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