Información e imágenes: Zhanzhi Chen
Representantes de los principales grupos políticos europeos han participado en la CEU UCH en la jornada “Ciencia, salud y sabor: misión proteína animal” con el objetivo de debatir sobre el rumbo que están adquiriendo las políticas agrarias españolas. En este diálogo, si bien se han expuesto posturas coincidentes, también existen discrepancias sobre la profundidad de los cambios en el Pacto Verde y el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC).
El futuro del sector agropecuario español se debate entre la necesidad de adaptación climática y la urgencia de supervivencia económica. Este ha sido el eje central de la mesa redonda moderada por Felipe Medina, miembro del Comité Económico y Social Europeo y Secretario General Técnico de Asedas, donde eurodiputadas de PSOE, PP, VOX, EPP y ECR han analizado la situación crítica de agricultores y ganaderos frente a la legislación europea.
La sensación de asfixia normativa fue el punto de encuentro de la mayoría de las ponentes. Mireia Borrás (VOX) fue tajante al describir el Pacto Verde Europeo como un «paraguas ideológico» que criminaliza al sector primario. Según Borrás, leyes como la de Restauración de la Naturaleza han sido aprobadas con la complicidad de populares y socialistas, provocando una pérdida de competitividad que se traduce en una cesta de la compra un 35% más cara. Su postura es clara: no basta con modificaciones leves, «hay que eliminar el Pacto Verde por completo”.
Desde el Partido Popular, Milagros Campos coincidió en que la estrategia verde ha estado «fatalmente mal desarrollada», criticando una carga ideológica que ha colapsado al sector. Campos denunció que, en España, la situación se agrava porque el Gobierno «multiplica por diez» las exigencias europeas, generando una inseguridad jurídica absoluta. No obstante, a diferencia de VOX, el PP no aboga por derribar todo el sistema, sino por una hoja de ruta que combine sostenibilidad con rentabilidad, tecnología y modernización de las explotaciones.
La visión empresarial la aportó Nora Junco, diputada por el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), quien lamentó que la sobrerregulación haya convertido a los ganaderos en «administrativos» que pasan más tiempo rellenando papeles que cuidando del ganado. Junco alertó sobre el grave problema del relevo generacional, dado que la edad media del sector ronda los 55 años, y advirtió que una estructura burocrática tan pesada condena a las explotaciones a la quiebra. Por su parte, la eurodiputada holandesa por el Partido Popular Europeo (EPP), Jessica Van Leeuwen, aportó datos alarmantes sobre el impacto de estas normativas: la pérdida de un 15% de jóvenes productores y la desaparición de una cuarta parte de los pequeños rumiantes en España en la última década. Van Leeuwen, veterinaria de profesión, señaló la contradicción de las normas, donde un productor debe lidiar con hasta 30 normativas distintas, muchas veces en conflicto entre sí.
En el espectro de la izquierda, Sandra Gómez (PSOE) defendió la necesidad de abordar el cambio climático como una «realidad objetiva», recordando desastres recientes como la DANA en Valencia. Sin embargo, Gómez centró su preocupación en el futuro financiero: alertó de que los nuevos fondos de competitividad propuestos por la Comisión (informes Draghi y Letta) no pueden financiarse a costa de recortar la Política Agraria Común (PAC),. «No podemos apostar por la soberanía alimentaria si eso va a costa de los fondos de cohesión y de la PAC», sentenció la socialista.
Mercosur, la manzana de la discordia
El posible cierre del acuerdo comercial con Mercosur evidenció las mayores grietas entre los distintos grupos, e incluso contradicciones internas:
•El rechazo frontal de VOX: Mireia Borrás calificó el acuerdo de «ruina» y denunció la opacidad de las negociaciones. Para VOX, el tratado sacrifica al sector primario español para salvar a la industria automovilística alemana, permitiendo la entrada de productos que no cumplen los estándares europeos y fomentan la competencia desleal.
• La voz disidente dentro del EPP: aunque el Partido Popular Europeo apoya el tratado, Jessica Van Leeuwen se mostró personalmente en contra. Basándose en su experiencia laboral en Sudamérica, advirtió sobre el uso de antibióticos prohibidos en Europa (como promotores de crecimiento) en Brasil y Argentina, lo que supone un riesgo de resistencia bacteriológica y un peligro para la salud pública que no se puede controlar eficazmente en origen.
•El «sí condicionado» del PP y ECR: Milagros Campos (PP) defendió que el acuerdo es una oportunidad para acceder a un mercado de 300 millones de personas, pero bajo la premisa de «sí, pero no así». Exigen «cláusulas espejo», un «Frontex alimentario» y controles sanitarios estrictos en origen. En esta línea se movió también Nora Junco (ECR), cuya delegación ve el acuerdo positivo siempre que exista reciprocidad real.
• El apoyo geopolítico del PSOE: Sandra Gómez fue la voz más favorable al acuerdo, argumentando que, en el actual contexto geopolítico, la UE no puede cerrarse en sí misma y debe diversificar alianzas. Gómez defendió que, con las salvaguardas adecuadas, el tratado es una oportunidad y afirmó que «el dato mata el relato», minimizando el impacto negativo sugerido por otros grupos.
