Análisis sobre el derecho de acceso a los medios de comunicación

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Lucía Gómez / 4º Periodismo

El Palacio de Colomina acogió del 24 al 26 de octubre el Congreso Internacional de Ética, Derecho, Información y Comunicación (EDIC), que giró en torno al derecho de acceso a los medios. Durante tres jornadas dirigidas por el profesor de Ética Pública y Pensamiento Político de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Hugo Aznar, distintos expertos ofrecieron sus conocimientos sobre legislación, participación ciudadana y autorregulación en el ámbito de la comunicación.
Los participantes inauguraron la primera tarde del Congreso con su intervención en la mesa redonda que moderó el profesor de Filosofía del Derecho de la CEU-UCH, Leopoldo García Ruiz, sobre los derechos de información y libertad de expresión. En este sentido, Carlota Tarín, directora de Estudios y Proyectos de la Fundación ¿Hay Derecho?, abordó el derecho de acceso a la información pública y su uso por parte de los medios: “Este derecho permite al ciudadano ser vigilante de los poderes públicos, pero no puede ejercerse sin el poder de la información”, destacó la responsable. Según Tarín, el derecho a la información no se entiende sin el de libertad de expresión. Sin embargo, para la experta el principal problema es que en España este último se trata como un derecho de tipo administrativo, que colisiona con la Ley de Protección de Datos.
Asimismo, Tarín explicó la Ley de Transparencia y su aplicación al Periodismo: “El 30% de los periodistas conocen la ley y la mayoría la consideran un avance positivo”, aseguró. Sin embargo, se lamentó del escaso uso que hacen los periodistas de la ley y de la poca utilidad del Portal de Transparencia. “La transparencia no depende tanto de la ley como de la cultura, y la cultura la tenemos que crear entre los ciudadanos”, sentenció.
Durante la primera jornada también se plantearon las amenazas ejercidas sobre la libertad de información mediante presiones, vigilancia y censura a los periodistas. La encargada de analizar este aspecto fue Virginia Pérez Alonso, presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI): “En España todo el mundo da por sentada la libertad de expresión, pero siempre hay excusas para recortarla”, afirmó. Alonso recordó en este punto el Pacto PP-PSOE que endurece el enaltecimiento al terrorismo, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite a los policías investigar los ordenadores sin la autorización de un juez y la reciente Ley de Seguridad Ciudadana que multa a quienes faltan el respeto a las fuerzas de seguridad.
La presidenta de la PDLI, proclamó que existe “una vigilancia creciente que persigue que sea el ciudadano o periodista el que se abstenga de dar su opinión”. Además, manifestó su rechazo a la legislación contra los delitos de odio, pues en su opinión, “se están invadiendo otros derechos fundamentales”. Alonso también ofreció cifras. Según la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), el 65% de los periodistas dice haber cedido a las presiones, y un 57% reconoce que se autocensura por miedo a represalias. “Todo el mundo da por sentado que puede influir en la información”, subrayó la experta.
¿Existe realmente un derecho del público a recibir información veraz? Esta fue la pregunta que respondió a los asistentes Guillermo Escobar Roca, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá. De este modo, Roca señaló que el artículo 20 de la Constitución Española expresa que se reconocen y protegen los derechos a comunicar o recibir libremente información veraz de cualquier medio de comunicación: “Es la única constitución del mundo que nombra el término información veraz”, reconoció.
Sin embargo, el profesor advirtió de que en el ámbito jurídico el derecho a recibir este tipo de información es “subjetivo”, ya que no cuenta con “garantías directas”. Según Roca, el periodista que se atreve a denunciar las manipulaciones cuenta con garantías indirectas, como el pluralismo de medios o la cláusula de conciencia. Por ello, defendió un “sistema público de garantías que nos permita tomarnos en serio lo que ya decía la Constitución”.
La primera jornada del Congreso EDIC finalizó con la intervención del catedrático de Periodismo de la Universidad Complutense, José Luis Dader, quien expuso los desafíos de la libertad de información en la era digital. Dader explicó que la época digital actual cambia las condiciones en las que se mueven muchos de los derechos de información, al tiempo que hizo un llamamiento para adaptar las leyes a los nuevos entornos digitales.
Además, el catedrático aseguró que la debilidad del periodismo digital se debe en gran medida a las demandas “abusivas” contra los periodistas: “Es muy fuerte cuando un periodista se atreve a publicar datos pero aparece una demanda por parte de un político. Eso es soportable para un gran medio de comunicación, pero no para uno pequeño o si eres freelance”, señaló.

Enrique Soriano y Rosa Visiedo, durante la firma del convenio de colaboración entre la CVMC y la CEU -UCH. / Foto: CEU

Participación de la sociedad
Durante la segunda jornada del Congreso EDIC, los expertos analizaron la participación de la sociedad civil en los medios a raíz de la apertura de la nueva Radio Televisión Valenciana.
“El derecho de acceso consiste en que la ciudadanía tenga la posibilidad de hacer llegar su voz a los medios públicos”. Así arrancaba la intervención Rafael Xambó, miembro del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). Según Xambó, las “buenas prácticas” de la nueva televisión valenciana “empiezan a notarse” gracias al Consell de la Ciudadanía, que permitirá el acceso de la sociedad a los medios a través de la participación de grupos políticos, de espacios específicos dentro de los informativos o mediante convenios de colaboración. “Tenemos la magnífica oportunidad de conseguir un espacio que se convierta en el referente para los medios de comunicación de la Comunidad Valenciana”, aseguró Xambó.
Esta idea fue compartida por Juan José Bas, vicedecano de Comunicación Audiovisual de la CEU-UCH, quien destacó que el marco teórico lo tenemos pero lo que falta es implementarlo entre todos.
Menos optimista se mostró Javier Marzal, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Jaime I, que reconoció que la nueva RTVV se inaugura con un déficit “importante” al tiempo que cuestionó la preparación de la sociedad civil para participar en los contenidos de Àpunt “por no estar tan desarrollada como en otros países debido a la falta de cultura y educación”. En este sentido, para el responsable, el problema reside en que la ciudadanía no conoce la relevancia que tienen los medios públicos. Por ello, Marzal instó a crear una colaboración entre Àpunt y los centros educativos “desde infantil hasta la universidad”.
De hecho, el impacto de la educación en los medios fue una de las cuestiones de relevancia durante la conferencia. En concreto, se abordó la edu-comunicación, que parte de que las comunidades construyan significados a partir de los mensajes de los medios. “La idea de la edu-comunicación es conseguir un cambio social”, apuntó María Lozano, miembro del Consejo Rector de CVMC. Para Lozano, no se trata solo de proteger a los jóvenes, sino de enseñarles a “expresarse y crear, que generen cultura de la comunicación”. Por su parte, José Ignacio Pastor, Jefe del Servicio de Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Valencia, reflexionó sobre el papel de la sociedad en una democracia que requiere, en su opinión, “ciudadanos más formados e informados”. En este sentido, Pastor otorgó gran importancia al diálogo de los medios con la ciudadanía y al desarrollo de un entorno favorable que garantice el derecho a la información.
En otro orden de cosas, Luis Lizarán, presidente de la Associació de Traballadors Audiovisuals (ATRAU), se lamentó de las situaciones de “extrema precariedad” en las que se encuentra el colectivo audiovisual, en concreto de las “serias limitaciones para conseguir productos de calidad” en la nueva televisión valenciana, donde, en palabras del experto, “es necesario incrementar los medios económicos”.

Autorregulación
La última jornada giró en torno a la autorregulación de la comunicación. “La autorregulación es una ventana más a la participación del público mediante componentes que consiguen que los propios medios y los trabajadores hagan mejor el mundo de la comunicación”, apuntó el director de las jornadas, Hugo Aznar. Además, resaltó que la importancia de la autorregulación reside en que no es impuesta por los poderes públicos, sino que surge de los propios agentes de la comunicación, que cubren el vacío del derecho y el mercado en materia reguladora.
Para Aznar, se trata de una corregulación entre el Estado y la sociedad civil, de modo que el primero aporta códigos de ética y la segunda le otorga sentido: “Supone desplazar el ajuste normativo de la comunicación del Estado y el mercado a la sociedad civil”, apuntó el responsable, para quien la ética descansa en “nuestra condición de ciudadanos”. Por ello, el director también subrayó la necesidad de una “ciudadanía mediática con responsabilidades y ganas de participar”. Al mismo tiempo, lanzó un llamamiento a los medios para lograr lo que denominó “alfabetización mediática”, con el fin de que las nuevas generaciones conozcan sus derechos y responsabilidades y los ejerzan.
En la misma línea se expresó Mercedes Muñoz Saldaña, profesora del Derecho de la Comunicación en la Universidad de Navarra, quien aseguró que los medios públicos tienen un objetivo que deben cumplir: “Asumimos que hay una relación entre salud democrática, participación ciudadana y consumo de medios”, declaró. Sin embargo, Saldaña se lamentó de la baja calidad de la conversación pública, en un momento en el que el debate “lo alimentan extremos y populismos”. De este modo, la profesora destacó que tanto el defensor del espectador de Televisión Española como su Consejo Asesor carecen de información actualizada para hacer efectiva la participación del ciudadano en el ente público. En palabras de Saldaña, “a pesar de los aspectos positivos, el rol de los ciudadanos sigue siendo el de ciudadano exclusivamente receptor, que dista mucho del concepto de participación”.
Durante la charla también se analizaron los sistemas de autorregulación de los contenidos televisivos para la protección de la infancia, de la mano de Marta Pellico, miembro de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Medios. Pellico afirmó que las televisiones llegan a “miles de hogares y deben tener su responsabilidad”. Por ello habló de la importancia del Código de autorregulación iCmedia, uno de los ejes para la protección de los menores en los medios de comunicación, que cuenta con un conjunto normativo acordado por las televisiones que hace referencia a la calificación por edades y a los horarios. El inicio del proceso es la página web TV Infancia, donde los telespectadores explican sus quejas, que si son aceptadas, se debaten en la Comisión Mixta del código de autorregulación.
No obstante, para Pellico existen “numerosos incumplimientos en nuestras televisiones” y el código alberga una serie de problemas, como el desconocimiento de la sociedad acerca de la página web TV Infancia.
“¿Qué dicen los medios sobre determinados colectivos?” Esta es la pregunta que lanzó Juan Carlos Suárez, miembro de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE, durante su discurso sobre la rendición de cuentas a los medios españoles. En opinión de Suárez, “las noticias crean un eslabón dentro de una cadena” y proyectan una imagen negativa en la opinión pública sobre determinadas minorías sociales. Por ello, el experto abogó por garantizar el derecho de acceso a los grupos sociales que pueden tener mayor dificultad para ser escuchados, de modo que todo aquello relevante para la opinión pública se transmita: “No solo importa la libertad de aquellos que tienen algo que decir, sino también la de aquellos sobre los que se dice algo”, sentenció Suárez.
Por su parte Carmen Fernández, miembro del Consejo Audiovisual de Andalucía, mostró su indignación ante la autorregulación española, que en su opinión, se trata de un derecho “esgrimido para que no se regulen cuestiones importantes”. Otro de los mecanismos de participación de la sociedad civil es el defensor del pueblo, que atiende las cuestiones de cáracter ético y deontológico. Antonio Manfredi, defensor de la Audiencia de Canal Sur, aseguró que los problemas de esta figura es, por un lado, que trabajan a contrarreloj, y por otro, que hay profesionales “que no tienen en cuenta el valor del usuario que está detrás de la cámara”.
“El periodista debe ser imparcial pero no impasible”. Así comenzó su discurso de clausura Elsa González, presidenta de la FAPE, para quien la formación ética “es la clave del Periodismo”. Según la presidenta, el profesional de la información ha de poseer un grado de responsabilidad, independencia e implicación que ayude a la sociedad y acerque a los ciudadanos, “sin temor a herir pero siempre con la verdad”. Según González, son estos atributos los que diferencian los medios de comunicación, que mantienen al ciudadano “informado”, de las redes sociales, que se dedican a “comunicar”. “No todos somos periodistas en potencia” , señaló.