- Expertos advierten en el CEU sobre la falta de medios para proteger a los menores en situaciones de conflicto
Existen muchas normas jurídicas del protección del menor, pero muchas de las cuestiones no se pueden acometer desde la Administración por falta de presupuesto y poco se puede hacer. Por ejemplo, los centros de acogida de menores están saturados, faltan educadores sociales, y, en definitiva, faltan medidas para poder aplicar todo lo que la normativa recoge en materia de protección al menor. Esta es la principal conclusión que han ofrecido diversos expertos en mediación familiar durante las III Jornadas de Familia, Derecho y Sociedad, organizadas por la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche.
“Actualmente, el principio del interés superior del menor es el que ha de prevalecer en todo tipo de decisiones, pero ese concepto es complejo y no se puede dar una regla general, sino que hay que atender a cada caso concreto, a cada situación particular. Sobre el papel queda muy bien, pero qué significa a la hora de aplicarlo en la práctica”, ha advertido Juan Antonio Amorós Pérez, Perito judicial en Violencia de género y doméstica y miembro de la Asociación Española de Mediación.
Para este experto en maltrato y mediación familiar y Secretario General del Colegio de Criminólogos de la Comunidad Valenciana, debe prevalecer el interés superior del menor y su protección en situaciones de conflicto intrafamiliar y ha señalado que se producen distintos tipos y modos de violencia familiar, “y hay cosas que socialmente todavía no se conciben como violencia hacia los menores, como un cachete, o determinados castigos”.
En la jornada, organizadas por las profesoras de Derecho del CEU, Lola Cano y Rosa García, y Abraham Fernández Murcia, educador Social y pedagogo especializado en el área de intervención emocional y restauración del daño con adolescencia en conflicto social, también ha intervenido la jurista mexicana Carla Inés Alvarado Abad, miembro del Poder Judicial de Michoacán y directora técnica de la Asociación Nacional de Capacitadores del Sistema Penal Acusatorio de México (ASCAPA), quien ha destacado que en el país centroamericano también se están adoptando medidas de protección del menor, “porque son el futuro de la sociedad, pero todavía falta mucho por hacer, especialmente en la violencia que se puede ejercer institucionalmente sobre los menores y jóvenes. El propio procedimiento, por ejemplo, cuando los retienen, cuando van a buscarles para detenerles, maneras en las que podría arbitrarse cualquier otra forma para evitar ese grado de violencia contra ellos”.
Por su parte, María Paz Antón, presidenta de ASEMIP, una asociación científica que analiza e investiga las consecuencias de las rupturas de pareja sobre los hijos y, especialmente, los fenómenos de interferencia parental, ha puesto en valor el fomento de la Parentalidad positiva y la implementación de los nuevos instrumentos psico-sociales, en beneficio del interés superior del menor, “para conseguir la necesaria relación normalizada con sus respectivas familias de origen, paterna y materna, así como con sus ambientes sociales, sobre todo, cuando este alejamiento es promovido por uno de sus progenitores”.
