Periodistas, juristas y profesorado estudian en el CEU de Elche el caso Tommouhi-Mounib, considerado “el mayor error judicial de la democracia española”, en una sesión organizada por el profesor Antonio López
El Aula Magna de la sede Carmelitas de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) acogió una jornada dedicada a reflexionar sobre el error judicial como reto para el Estado de derecho, tomando como referencia uno de los episodios más significativos de la historia reciente del sistema penal español: el caso Ahmed Tommouhi y Abderrazak Mounib, condenados por una cadena de agresiones sexuales en los años noventa y posteriormente reconocidos como inocentes.
En la inauguración del encuentro organizado por el profesor de Derecho Antonio López intervinieron Cristina Orts, Adjunta al Vicerrectorado CEU Elche, y Ana Isabel Mateos, Vicedecana de Derecho, quienes contextualizaron la importancia de la sesión: formar juristas capaces de analizar críticamente la práctica judicial y comprender los efectos de sus decisiones en la vida de las personas.
A lo largo de la mañana, se sucedieron tres ponencias especializadas y una mesa redonda. Desde el análisis periodístico de las informaciones judiciales hasta las cuestiones procesales y penales, la jornada permitió aproximarse a un caso que ha suscitado debates sobre la investigación policial, el valor de la prueba, el papel de los medios y el funcionamiento de los tribunales.
“El mayor error judicial de la democracia española”
La primera intervención corrió a cargo del periodista de investigación de El País Braulio García Jaén, autor de varios trabajos sobre el caso Tommouhi-Mounib. Calificó este episodio como “el mayor error judicial de la democracia española” y subrayó que “sobre esto no hay ninguna duda hasta hace relativamente poco”.
García Jaén recordó que, aunque el caso comenzó hace más de tres décadas, no es un asunto distante ni cerrado. Los hechos que condujeron a las condenas se remontan a 1991, pero las consecuencias se han prolongado durante años. Uno de los condenados, Abderrazak Mounib, falleció en prisión nueve años después de ingresar, “tres años después de que el Supremo hubiera conocido su inocencia en uno de los casos por los que fue condenado”. Su compañero de proceso, Ahmed Tommouhi, pasó 15 años en la cárcel, los últimos nueve tras haber sido reconocido inocente en una de las condenas.
“Y es esto lo que hace particular a este caso e incomparable con casi ningún otro que haya ocurrido en la democracia española”, señaló el periodista. La singularidad, explicó, no radica únicamente en la condena de inocentes —una realidad que afecta a otros procesos— sino en la persistencia del error pese a que la inocencia ya había sido reconocida por el Tribunal Supremo. El periodista recordó que el 2 de diciembre —apenas una semana antes de la jornada— el alto tribunal había revocado la cuarta y última condena de Tommouhi: “El Tribunal Supremo ha revocado la cuarta y última condena… gracias al recurso que presentó su abogada” . Este hecho reciente subrayó la actualidad del asunto.
García Jaén también abordó el papel de los medios de comunicación en los procesos judiciales. Criticó titulares que sugieren que “los recortes de prensa no sirven para llevar adelante un proceso judicial”, afirmando: “Yo creo que es un error… lo importante no es que sea recorte de prensa, lo importante es si la noticia es verdad o es falsa”. Recordó que la información periodística ha sido decisiva en casos relevantes, como los papeles de Bárcenas, publicados también en El País, o las informaciones sobre los GAL en los años noventa, que “ningún juez descartó” por proceder de la prensa.
Iter procesal, abogacía y la dificultad probatoria
La abogada Celia Carbonell Ferrández centró su intervención en el recorrido procesal del caso y en las habilidades necesarias para el ejercicio profesional. Subrayó la importancia de la constancia, el conocimiento técnico y el compromiso con los clientes: “Si deciden ejercer la abogacía, es muy importante… tener ganas, conocimientos procesales y creer en lo que están haciendo”.
Insistió en que la defensa penal exige convicción: “Si ustedes se dedican a penal, ustedes tienen que creer que su cliente es inocente” . Para la ponente, el aprendizaje surge de la dificultad: “Si siempre ganas, no aprendes nunca… no se crean a los abogados que siempre publican que ganan”. Su exposición permitió a los estudiantes visualizar la intersección entre técnica jurídica y ética profesional, así como la complejidad de los procesos largos, en los que las revisiones, recursos y análisis de pruebas pueden extenderse durante años.
La intervención de Carlos Pérez del Valle, Catedrático de Derecho Penal del CEU UCH, se centró en el valor de la prueba en los delitos sexuales. Recordó que, a principios de los años ochenta, no era evidente que una agresión sexual pudiera existir sin resistencia física. “Hay violación… aunque la víctima no se resista… resistirse no sirve de nada”, explicó. Este avance jurídico, señaló, conlleva una dificultad: “Una relación sexual consentida no se diferencia externamente… de una relación sin consentimiento”. De ahí que, en los delitos sexuales, “todo el peso cae en el testimonio de alguien”.
El análisis penal permitió comprender uno de los factores que facilitaron el error judicial: la identificación de los acusados por parte de las víctimas, condicionada por similitudes físicas, lengua y recuerdos fragmentarios. Como recordó García Jaén, las víctimas confundieron el caló hablado por el agresor real “con el árabe”, lo que contribuyó a la detención inicial de los marroquíes inocentes.
De la criminología al Estado de derecho
Las ponencias compartieron una tesis transversal: el error judicial no es solo una tragedia personal, sino un desafío estructural al Estado de derecho. Cuando el sistema condena a inocentes, no solo se vulneran derechos individuales, también se debilita la confianza social en la justicia. En palabras del periodista, “lo que hace particular a este caso” no es solo la injusticia, sino su duración y la incapacidad de corregirlo a tiempo.
El relato de García Jaén incluyó un elemento que impactó al público: el cambio de perspectiva de un guardia civil que, años después de las primeras detenciones, reconoció que “se habían equivocado”. Su investigación interna llegó a la Fiscalía, se reanalizaron muestras y solo el ADN permitió confirmar la inocencia.
La jornada concluyó con una mesa redonda en la que los ponentes respondieron a preguntas del alumnado. El profesor Antonio López destacó el objetivo pedagógico del encuentro: acercar a los estudiantes a un caso real para mostrar la complejidad de los procedimientos, el papel de la prueba y las consecuencias humanas de una decisión judicial.
