Según el estudio del profesor Esteve, la asistencia a las familias desahuciadas ha supuesto solo un 0,072 por ciento de los recursos destinados a la banca

El profesor de la CEU-UCH Eduardo Esteve Pérez forma parte del Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunidad Valenciana.
El profesor de la CEU-UCH Eduardo Esteve Pérez forma parte del Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunidad Valenciana.

Dos de cada tres desahucios en España afectan a la vivienda habitual y éstos no han descendido en número entre 2012 y 2013. Este es uno de los principales resultados del estudio realizado por el profesor del Departamento de Economía y Empresa de la CEU-UCH, Eduardo Esteve Pérez, que analiza las causas, la tendencia prevista y las medidas aplicadas ante los desahucios en España en los dos últimos años, planteando su propia propuesta de medidas alternativas. Este análisis del profesor Esteve forma parte del estudio anual de coyuntura titulado “Análisis y perspectivas Comunitat Valenciana 2014. Crisis y derechos sociales”, que ha elaborado recientemente el Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunidad Valenciana, en el que colaboran la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, las Cáritas diocesanas de la Comunidad Valenciana y la Fundación FOESSA.

Tal y como recoge el profesor Esteve en el capítulo de este estudio titulado “Desahucios y la Gran Recesión: causas y posibles soluciones”, a partir de los datos del Banco de España, los de los juzgados de primera instancia y los lanzamientos con cumplimiento positivo registrados en los Servicios Comunes del Consejo General del Poder Judicial, en 2013 se registraron en España 67.189 desahucios, de los cuales 38.961 correspondieron a la vivienda habitual o primera vivienda. En 21.054 casos se produjo la entrega al juzgado y en 13.178 hubo dación en pago para saldar la deuda contraída.

Según apunta el profesor de Economía de la CEU-UCH, “aunque existe un descenso en el número total de desahucios con respecto a las cifras de 2012, en el caso de los que afectan a la vivienda habitual la cifra se mantiene casi exacta, pasando de 39.051 casos a 38.961”. A esto se añade que, aunque las daciones en pago se hayan reducido, pasando de 15.174 en 2012 a 13.178 en 2013, las entregas judiciales suben en el mismo número y pasan de 19.335 a 21.054.

Causas y tendencia prevista

Entre las causas que han conducido a la situación en torno a los desahucios en España, el profesor Esteve destaca el contexto de reducción de los tipos de interés, unido a la laxitud en la gestión del riesgo por parte de las entidades financieras y también a la “creencia ilusoria” de que el precio de la vivienda no podía disminuir. “Los préstamos hipotecarios se multiplicaron por seis entre 1999 y 2008, pasando de cien mil a seiscientos mil millones, justo antes del estallido de la “burbuja inmobiliaria”. En el mismo periodo, los préstamos no hipotecarios también crecieron, aunque no en la misma proporción: se multiplicaron por tres, no por seis”.

El profesor de Economía de la CEU-UCH también constata en su estudio que la incapacidad de hacer frente a los pagos hipotecarios está vinculada principalmente al deterioro del mercado laboral, como puede comprobarse a través de la comparativa entre la evolución de la tasa de paro y el número de desahucios, con un coeficiente de correlación del 94 por ciento. Por ello, el profesor Esteve emplea los datos del paro para plantear una prospección sobre la evolución futura de los desahucios: “Dado que las cifras de desempleo van a permanecer en valores muy elevados, como consecuencia los desahucios se mantendrán por encima de los 31.000 anuales hasta 2019, salvo que se adopten medidas legislativas para revertir esta tendencia”.

Baja eficacia de las actuales medidas

En su estudio, el profesor de la CEU-UCH evalúa también la eficacia de las primeras medidas de los Gobiernos de PSOE y PP, de acuerdo con los propios objetivos que ellas fijan. “La Línea ICO de moratoria hipotecaria de 2009 ha concedido en préstamos 78 millones de euros, solo un 1,3% de los recursos asignados. Si se compara esta cifra con los cerca de 108.000 millones de euros destinados al rescate y reestructuración del sistema financiero, la asistencia a las familias desahuciadas supone solo un 0,072 por ciento de los recursos destinados a la banca”, apunta el profesor Esteve.

Por su parte, el impacto del Código de Buenas Prácticas y del Real Decreto-ley 27/2012, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, significaron, según datos del Ministerio de Economía, 1.700 reestructuraciones de deuda, 1.500 desahucios suspendidos y 720 familias en alquiler social. “Sumando los tres conceptos hablamos de 3.920 desahucios, un 5 por ciento del total de los producidos”, por lo que el profesor Esteve concluye en su estudio: “El grado de consecución de los objetivos fijados por estas medidas es pírrico, su valoración puede considerarse un rotundo fracaso”.

¿Dación en pago o ley concursal individual?

La dación en pago es otro de los aspectos analizados por el profesor Esteve en el estudio anual de coyuntura “Análisis y perspectivas Comunitat Valenciana 2014. Crisis y derechos sociales”. En él advierte de que parte de las viviendas entregadas a los bancos por la dación en pago significarían un quebranto patrimonial para las entidades financieras debido a su depreciación y, además, tampoco sería justo que se beneficiaran de esta opción personas que, por sus recursos, no la necesitaran. Sin embargo, “limitar la dación en pago a colectivos vulnerables afectaría al principio de igualdad, ya que solo aquellas personas cuyo exceso de endeudamiento proviniera de un préstamo hipotecario tendrían la posibilidad de acogerse al impago, pero no aquellas con una deuda de otro tipo”.

Por ello, para el profesor de la CEU-UCH una buena alternativa sería la implantación en España de la ley concursal individual, vigente en países como Estados Unidos, Alemania o Italia, que posibilita la liquidación del patrimonio personal y la liberación de las deudas tras el concurso, aunque esto abocaría a una más que probable saturación de los juzgados, según apunta.

Propuesta de reestructuración de la deuda, con el 2% del PIB

Ante esta situación, el profesor Esteve plantea su propia medida para minimizar las consecuencias en situaciones de desahucio, consistente en el establecimiento de un plan de restructuración de la deuda con un doble filtro para poder acogerse a él. “En primer lugar, -explica el profesor Esteve- solo las familias en verdadera situación de exclusión podrían acceder al plan. En un segundo filtro, se estudiaría en cada caso cómo reestructurar la deuda o bien, si esto no es factible por los bajos ingresos de la familia, se le asignaría una vivienda de alquiler social”.

Para esta propuesta, los costes de la reestructuración serían compartidos por el Estado y por las entidades financieras, “para lo que sería necesaria una partida presupuestaria plurianual estimada de 20.000 millones de euros, es decir, el 2% del PIB”. Solo en caso de que los ingresos familiares no pudieran costear ni siquiera el 40% de la deuda hipotecaria, las entidades aceptarían la dación en pago y se acomodaría a la familia afectada en una vivienda de alquiler social cuyo coste no superara el 30% de la renta familiar.

El profesor Eduardo Esteve Pérez forma parte del Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunidad Valenciana y es miembro del grupo de investigación de la Cátedra de Solidaridad de la Universidad CEU Cardenal Herrera, donde imparte docencia como profesor del Departamento de Economía y Empresa. Es coordinador, junto al profesor Enrique Lluch, del estudio anual de coyuntura titulado “Análisis y perspectivas Comunitat Valenciana 2014. Crisis y derechos sociales”.