• La Universidad y el Observatorio de la Inmigración organizan una jornada sobre la asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares jornada inmigracion y sanidad CEU

El Real Decreto que regula la asistencia sanitaria a los inmigrantes es inconstitucional, ya que vincula la asistencia a la residencia legal, por lo que vulnera el principio de igualdad y el derecho a la vida que recoge la constitución. Como alternativa, los expertos participantes en la I Jornada de Inmigración y Sanidad, organizadas por la Universidad CEU Cardenal Herrera y el Observatorio de la Inmigración de Elche, proponen que se vincule al empadronamiento.

“El desarrollo legislativo a través del Real Decreto limita el derecho a la protección de la salud y la asistencia sanitaria y deja al colectivo de inmigrantes irregulares en la clandestinidad, salvo en casos de enfermedades graves, mujeres embarazadas, parto y menores de edad”, advierte Antonio López, profesor de Derecho Constitucional de la CEU-UCH.

En la jornada, celebrada en el Centro de Congresos de Elche, los miembros de la mesa redonda compuesta por el profesor López; Alfonso Ortega, director del Observatorio de la Inmigración; la responsable de la Fundación CeiMigra Alicante, Lerdys Saray Heredia; y Esther Alonso, directora de la Agencia de Mediación para la Integración y Convivencia Social (AMICS), también han destacado que “las medidas del programa valenciano de protección a la salud en la Comunidad Valenciana subsanan los defectos del Real Decreto, pero son, a todas luces, insuficientes”.

El evento también ha servido, según Marina Leal, vicedecana de Enfermería de la CEU-UCH, para “dar visibilidad al colectivo de inmigrantes que tienen un acceso restringido al sistema sanitario público y a los profesionales sanitarios que tienen que tratar con ellos y que se encuentran con la problemática de un inmigrante que no tiene tarjeta sanitaria”. En este sentido, uno de los debates de la jornada se ha centrado en destacar que el enfermero no puede dejar de prestar servicios sanitarios por razones de raza, cultura, sexo o nivel económico, por lo que “hay que dar a conocer al personal sanitario que tiene derecho a la objeción de conciencia, aunque después el sistema facture igualmente al paciente el coste del servicio sanitario”, advierte Leal.

En las jornadas, clausuradas por Antonio Luis Martínez Pujalte, teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Elche, también han participado Beatriz Jover y Alberto Belvís, miembros del grupo de Trabajo de Cooperación y Ayuda al Desarrollo del Colegio de Enfermería.