Esperanza Luque / 2º Periodismo
El Aula Magna del Edificio Luis Campos Górriz de la Universidad CEU Cardenal Herrera acogió el pasado miércoles 4 de noviembre la inauguración del Dies Academicus, espacio universitario dedicado al encuentro y fomento de la armonía entre la razón, fe y vida. Su inicio contó con la exposición “¿Está la Administración de la Justicia politizada?” llevada a cabo por Pedro Castellano Rausell, actualmente Magistrado-Presidente de la sala IV de la Audiencia Provincial de Valencia. El moderador del acto fue José Francisco Castelló Colomer, del Servicio de Pastoral y organizador de la actividad.
Castellano Rausell señaló que “hablar de si la Justicia está politizada es muy habitual”, y añadió que la opinión que tienen los españoles de ésta es que “no es imparcial”. Se pronunció también sobre los medios de comunicación, quienes se hacen “eco de lo que ocurre alrededor”, a la vez que cuentan lo que sucede en el ámbito de la Justicia.
El ponente dividió a la población en dos grupos, basándose en los que “han tenido contacto con la Administración de la Justicia” y los que no la han tenido nunca. El presidente de la sala IV de la Audiencia Provincial de Valencia amplió esta información agregando que el primer conjunto suele ser el que “tiene la opinión negativa”. Además, según presentó, el 75% de este grupo suelen acudir a la Administración por asuntos penales y el 25% restante por delitos civiles.
Según señaló Rausell, la opinión que tienen estos ciudadanos españoles se sustenta en “tres ejes mediáticos”. El primero es el Consejo General del Poder Judicial, órgano político, administrativo y constitucional “colegiado con sede en Madrid que nace durante la democracia en los años 80” y cuya independencia es “garantizar la independencia de los jueces”, aunque “existe la percepción de que no es un órgano político, sino político partidista”. En segundo lugar, están las propias asociaciones judiciales. “A los jueces se les prohíbe que se asocien con partidos políticos”, no obstante, comentó el ponente, se les permite asociarse para defender sus intereses profesionales. El tercer y último foco, son los propios jueces y magistrados, dado que se piensa en ocasiones que “están politizados” y contó que era normal que tuvieran una ideología política, pero el problema era que lo trasladaran a su trabajo.
Pedro Castellano Rausell mostró los diferentes remedios para la politización de la Justicia. En primer lugar, habló del sistema de oposición judicial, que “hace que los jueces entren por méritos propios” y “garantiza la objetividad e independencia de entrada”. Después, el propio Consejo General del Poder Judicial, el sistema de regulación, que sirve para controlar a los jueces; de abstención y un par de mecanismos para no trasladar la ideología a los juzgados. El Magistrado remarcó que la Justicia no está politizada, “aunque sí que se puede decir que la política se ha judicializado”.
