- La Universidad CEU Cardenal Herrera celebra esta jornada en el marco del II Convenio firmado con la Conselleria de Justicia y Administración Pública de la Generalitat Valenciana
- Anteriormente se han celebrado dos jornadas en la ciudad de Elche, una en torno al Estatuto de la víctima en el Ilustre Colegio de Abogados y otra en el campus de la CEU UCH
La Universidad CEU Cardenal Herrera ha organizado la jornada “Niños, niñas y adolescentes como víctimas del delito”, en el marco del II Convenio de Colaboración con la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Justicia y Administración Pública, para el desarrollo de actividades de investigación, información, formación y difusión, en materias de competencia de la dirección general de atención a las víctimas y acceso a la justicia. Este encuentro, celebrado en Valencia, ha sido inaugurado por el Director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia de la Generalitat Valenciana, Francisco Javier Soler Flores, acompañado por la vicedecana del Grado de Derecho, María Luisa Mena Durán; el profesor de Derecho romano y civil, coordinador del Convenio con entre la CEU UCH y la GVA, Álvaro Martínez Fernández; y la profesora de Derecho civil y coordinadora de la Jornada, Beatriz Hermida Bellot.
El eje central de la jornada ha sido una mesa redonda moderada por Javier García González, director del Departamento de Ciencias Jurídicas y catedrático de Derecho Penal de la CEU UCH, en la que han participado cinco expertos para abordar diversos aspectos en torno al tema propuesto desde sus respectivas áreas de experiencia.
Garantizar siempre el interés superior del menor
Silvia Valmaña Ochaíta, directora general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid y profesora titular de Derecho Penal, ha subrayado en su intervención la necesidad de garantizar que el interés superior del menor sea el eje rector de cualquier medida que afecte a niños, niñas y adolescentes. “No es un concepto retórico, sino un mandato jurídico que debe aplicarse con rigor sustantivo, interpretativo y procesal”, ha señalado. Valmaña ha explicado que este principio, recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño y desarrollado en la legislación española (LO 1/1996 y LO 8/2015), implica tres dimensiones: el derecho sustantivo, por el que el menor tiene derecho a que sus mejores intereses sean evaluados y ponderados frente a otros intereses en conflicto; el principio interpretativo, por el que ante varias interpretaciones posibles, debe prevalecer la que mejor proteja al menor; y la norma de procedimiento en la que toda decisión debe garantizar que el niño sea informado, escuchado y participe en condiciones adecuadas, con intervención de profesionales especializados.
La experta ha alertado sobre algunos retos prácticos como la indefinición del concepto, la falta de criterios homogéneos y la necesidad de informes técnicos multidisciplinares para evitar decisiones arbitrarias. “El interés superior del menor exige examinar cada caso concreto y priorizar su bienestar material y moral, incluso frente a los intereses de los progenitores”, señaló, citando jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo y Constitucional. Valmaña también ha destacado la importancia de este principio en contextos de violencia familiar, custodia, régimen de visitas y protección frente a delitos, incluyendo nuevas formas de violencia que requieren respuestas adaptadas.
La protección especial a colectivos vulnerables
En su exposición, la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Valencia, María Pilar Tomás Gómez, ha subrayado la importancia del papel del Ministerio Fiscal en la defensa de la legalidad y la protección de las víctimas. Ha destacado las novedades introducidas por la Ley Orgánica 1/2025, que refuerzan la participación de las víctimas en el proceso penal, entre las que se encuentra la obligación de oír a la víctima antes de alcanzar acuerdos de conformidad, incluso cuando no esté personada en la causa. Esta audiencia será preceptiva en casos de especial gravedad, trascendencia, cuantía significativa o vulnerabilidad. Además, ha señalado que la reforma elimina el límite penológico de seis años, ampliando el alcance de la conformidad en distintos procedimientos.
Un punto central de su intervención ha sido la protección de colectivos vulnerables, especialmente menores y personas con discapacidad. Ha explicado que la LECrim prevé la práctica de la prueba preconstituida para menores de catorce años y personas con necesidades especiales, garantizando accesibilidad y apoyos. También ha insistido en la necesidad de evitar la revictimización mediante declaraciones en espacios reservados, lenguaje claro y, cuando proceda, medios telemáticos. Tomás ha recordado también que el Estatuto de la víctima del delito (Ley 4/2015) establece un enfoque integral que trasciende lo procesal, reconociendo derechos desde el primer contacto con las autoridades. Y ha concluido con una reflexión: “Quienes tienen el privilegio de saber, tienen la obligación de actuar”, recordando que la protección de las víctimas no es solo un mandato legal, sino una responsabilidad ética y social.
La infancia en el centro del sistema de justicia
La Magistrada Lara Esteve Malent ha situado a la infancia en el centro del sistema de justicia: niños y niñas no como objetos de tutela, sino como sujetos de derecho plenos, cuyo interés superior debe operar simultáneamente como principio sustantivo, procesal e interpretativo en toda decisión que les afecte. Ha recalcado, además, el deber de la justicia de adaptarse a ellos—lenguaje comprensible, ambientes adecuados, profesionales formados—y la necesidad de escucharlos siempre, recordando la regla de que, con suficiente madurez, deben ser oídos en condiciones idóneas y accesibles a su edad. Por lo que se refiere a la declaración del niño o niña como víctima, ha subrayado que no estamos ante el testimonio de un testigo cualquiera, pues es una persona que a su corta edad ha visto y sufrido los hechos muy graves cuya posición requiere un abordaje específico (historia personal, relación con el agresor, tiempo transcurrido, dependencia emocional, comprensión de la realidad, gravedad de los hechos).
Al abordar las formas de violencia, ha desgranado un mapa amplio: la que se ejerce directamente sobre el niño o la niña (física y psicológica), la violencia vicaria —cuando se utiliza a los hijos para dañar a la madre—, y la que los deja en situación de necesidad, que articuló como violencia económica y asistencial; además, añadió un cajón de “otros modos” que la práctica forense está identificando con mayor frecuencia.
Las Redes sociales como escenario de conductas delictivas
La abogada y profesora titular de Derecho Penal y especialista en delitos tecnológicos, Gemma Martínez Galindo, ha advertido en su ponencia sobre el creciente impacto de las redes sociales en la comisión de delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes. “Las plataformas digitales son hoy el escenario donde se cometen conductas delictivas que van desde el acoso y la extorsión hasta la explotación sexual y la suplantación de identidad”, ha señalado. Entre los nuevos riesgos, Martínez ha destacado la suplantación de identidad digital, utilizada para engañar a menores y acceder a información sensible o imágenes privadas; el grooming y sextorsión, delitos que se aprovechan de la vulnerabilidad emocional de los adolescentes en redes sociales; la difusión no consentida de imágenes íntimas, que genera graves daños psicológicos y sociales; el ciberacoso y hostigamiento, que se intensifican por la viralidad y el anonimato en entornos digitales; y los delitos económicos y fraudes online, que afectan también a menores a través de videojuegos y micropagos.
Durante su intervención, Martínez ha subrayado que la ciberdelincuencia “desborda los recursos actuales del sistema de justicia” y exige estrategias innovadoras para la investigación y persecución de delitos cometidos en entornos digitales. Entre los puntos clave, destacó la dificultad para presentar pruebas digitales sin que sean desestimadas, la necesidad de cooperación internacional y la importancia de adaptar la normativa penal a los avances tecnológicos. Finalmente, la experta ha hecho hincapié en que las redes sociales no son inocuas, sino un espacio donde los menores están expuestos a delitos invisibles que pueden arruinar vidas, poniendo el foco en la necesidad de la prevención y de una correcta educación digital.
El papel de los Equipos Específicos de Intervención con Infancia y Adolescencia
Por último, Concepción Martínez Vázquez, psicóloga del Equipo Específico de Intervención con Infancia y Adolescencia (EEIIA), ha destacado el papel esencial de estos Equipos como recurso especializado para atender a menores en situación de vulnerabilidad, riesgo o desprotección, incluyendo víctimas de violencia y maltrato. Estos equipos interdisciplinares están integrados en la atención primaria específica del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, y se crearon para ofrecer intervenciones psicológicas, educativas y sociales tanto a los menores como a sus familias.
La ponente ha subrayado que las intervenciones del EEIIA abarcan acciones individuales, familiares y grupales, orientadas a fortalecer vínculos afectivos y fomentar el buen trato. Además, colaboran estrechamente con servicios sociales básicos, programas de prevención familiar, medidas judiciales, acogimiento, adopciones y recursos contra la violencia de género. Martínez ha insistido en la importancia de la formación especializada del equipo profesional, que debe incluir conocimientos en desarrollo infantil, apego, trauma, abusos sexuales, mediación y prevención de violencia. Asimismo, ha destacado el uso de herramientas como VALORA-CV, que permite evaluar objetivamente la gravedad de las situaciones de desprotección. “La protección de la infancia exige respuestas rápidas, coordinadas y basadas en la evidencia”, ha señalado.
