Enrique Lluch estudia los pros y contras de la implantación de una renta básica para cada español

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El director del Departamento de Economía y Empresa de la CEU-UCH acaba de publicar un análisis sobre la viabilidad de esta medida, que supone un cambio de enfoque en el concepto del Estado del bienestar

El profesor Enrique Lluch Frechina, director del Departamento de Economía y Empresa de la CEU-UCH.
El profesor Enrique Lluch Frechina, director del Departamento de Economía y Empresa de la CEU-UCH.

El director del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, Enrique Lluch Frechina, ha realizado un análisis sobre las ventajas e inconvenientes de la implantación de una renta básica o de ciudadanía en España, frente a las actuales rentas mínimas. Su trabajo, publicado por Ediciones HOAC, estudia “la necesidad de asegurar socialmente que las personas y las familias puedan disponer de una renta que les permita vivir dignamente en un escenario como el actual, con elevados niveles de desempleo estructural y con ‘pobreza laboral’, es decir, con empleos sin cualificación cuyas remuneraciones están por debajo del umbral de la pobreza”. El profesor Lluch analiza la cuantía óptima de la renta básica, teniendo en cuenta su viabilidad económica y su contribución efectiva a la erradicación de la pobreza extrema.

 

Según explica el profesor Enrique Lluch en Rentas de ciudadanía. Justicia social desde el bien común”, editado por HOAC, las actuales rentas mínimas en España, destinadas a personas capacitadas para trabajar pero que no logran un empleo que les permita salir de la pobreza, son de muy diversa índole. Entre ellas se incluyen complementos mínimos de pensiones, pensiones no contributivas, rentas activas de inserción, algunos subsidios de desempleo, pensiones asistenciales, las rentas mínimas de las Comunidades Autónomas… Sin embargo, la cuantía media de estos subsidios ronda los 125 euros mensuales y los requisitos para obtenerlas son cada vez mayores. Además, dado que conseguir un empleo hace que se pierda el derecho a percibir estos subsidios, las personas receptoras pueden preferir seguir siendo desempleadas: “Un empleo puede ser una fuente de ingresos menos segura y no supone mejorar su situación anterior si el salario es bajo”, apunta el profesor de la CEU-UCH.

Renta básica, ¿para todos, sin requisitos?

Frente a este tipo de subsidios o rentas mínimas, el profesor Lluch contrapone el modelo de renta básica, de carácter universal, que todos percibirían por el mero hecho de ser ciudadanos, sin condiciones ni requisitos previos. “De implantarse, todos los españoles recibirían esta renta básica, por la misma cuantía, independientemente de sus circunstancias personales, de otras rentas que ya perciban, o de que se tenga o no un trabajo remunerado”, explica.

Según las estimaciones de los diversos estudios que el profesor Enrique Lluch compara en su análisis, una renta básica de 7.500 euros anuales (625 euros al mes), para el primer adulto de cada unidad familiar, que sería del 50% para el resto de mayores de 14 años que convivan bajo el mismo techo y del 30% para los menores de 14 años, resultaría viable. “El montante total de este tipo de renta básica familiar en España solo incrementaría en un 3% las actuales trasferencias corrientes del Estado y las Comunidades Autónomas a las familias, que en los presupuestos de 2015 fueron de algo más de 208.000 millones de euros”.

Erradicación de la pobreza extrema

Entre las ventajas de esta fórmula, el profesor de la CEU-UCH destaca la erradicación de la pobreza extrema y la reducción de las desigualdades, así como fomentar que encontrar trabajo sea una oportunidad para incrementar los ingresos y mejorar el nivel de vida, puesto que la renta básica no se pierde aunque se encuentre empleo. “Además, al no tener que realizarse comprobaciones de cumplimiento de requisitos para percibir la renta básica, puesto que se trata de un derecho de todo ciudadano, se elimina el estigma que supone recibir los actuales subsidios y se simplifica la burocracia para su concesión, reduciendo con ello el tamaño de la Administración”.

Por otro lado, las personas que se dedican a tareas no remuneradas, como las labores del hogar, el cuidado de los mayores y los niños o las actividades de voluntariado, podrían seguir realizando estas tareas, también imprescindibles para la sociedad, pero con independencia económica: “Los ingresos de una renta básica liberan a las personas de tener que depender de otras para vivir”, destaca el profesor Lluch.

El peligro del ‘gorrón’

Sin embargo, la renta básica no plantea solo controversia en cuanto a su sostenibilidad o al incremento del gasto público. La desincentivación hacia el trabajo es una de las principales objeciones que se plantean a la implantación de una renta básica cuando su cuantía es demasiado elevada, puesto que puede comprometer la financiación total del sistema. “Es lo que también se denomina el peligro del ‘gorrón’: aquel que se aprovecha de una sociedad generosa, sin aportar nada para que esta se mantenga”. Un efecto que solo se produciría en el caso rentas básicas más altas que la propuesta, según aclara el profesor de la CEU-UCH.

Por el contrario, Lluch considera que esta renta básica podría incluso motivar hacia la búsqueda de empleo para mejorar los ingresos y el nivel de vida. Y reforzaría la capacidad de negociación del trabajador, que podría rechazar empleos con un salario demasiado bajo o acordar con las empresas remuneraciones bajas, pero compensadas con la renta básica, para reducir los costes laborales de la empresa sin pérdida de poder adquisitivo del trabajador. “Todos los estudios apuntan a que una renta básica aumentaría el número de empleos a tiempo parcial, flexibilizaría mucho más el actual mercado laboral e incrementaría el emprendedurismo”.

Otro Estado del bienestar

El director del Departamente de Economía y Empresa de la CEU-UCH concluye que el verdadero debate está en el cambio de modelo: “La renta básica supone un cambio sustancial en el funcionamiento y la filosofía del Estado del bienestar, que ya no se regiría por el criterio contributivo: la recepción de esta renta básica no dependería de la aportación anteriormente realizada vía cotizaciones, como en los subsidios de desempleo o en las pensiones actuales. Por tanto, el Estado ya no estaría garantizando el mantenimiento del nivel de vida de cada uno, sino los ingresos mínimos para que todos puedan llevar una vida digna”.

Sin embargo, en materia de bienestar, “las prioridades política y económica siguen centrándose, persistente y erróneamente, en el crecimiento del PIB, pensando que lo importante es crecer más entre todos, independientemente de cómo se distribuya el crecimiento o de que se generen bolsas de pobreza”, señala el profesor Enrique Lluch, Desde el enfoque de la Doctrina Social de la Iglesia, Lluch defiende en su estudio que el bienestar agregado que reflejan las grandes cifras macroeconómicas no se corresponde con el concepto del bien común: “El crecimiento económico y la salida de la crisis no debería medirse por el incremento de la renta per cápita media, sino por el incremento de la renta per cápita de los más desfavorecidos. En una economía cristiana, aquellos que menos tienen, los descartados en palabras del Papa Francisco, deberían ser la prioridad”, concluye Enrique Lluch.

El estudio “Rentas de ciudadanía. Justicia social desde el bien común” se ha publicado como Cuaderno de reflexión nº 13 de Ediciones HOAC.