Alvaro Antón lidera el proyecto internacional DIGITAX que analiza la transformación digital de las administraciones tributarias en la UE para luchar contra el fraude fiscal
Impulsar y mejorar un modelo de Administraciones tributarias para luchar contra el fraude fiscal y avanzar hacia modelos de cumplimiento voluntario con obligaciones tributarias. Este es el objetivo central del proyecto DIGITAX, una iniciativa internacional liderada por Álvaro Antón, profesor de la Universidad CEU UCH en Elche e investigador principal, financiado por la Unión Europea. Para este experto, la administración tributaria tiene que hacer frente a los posibles riesgos legales e impactos asociados a la digitalización.
El potencial que supone la adopción de nuevas tecnologías, como minería de datos, big data, machine learning, inteligencia artificial, blockchain, etc., para garantizar la efectividad del deber de contribuir (cumplimiento voluntario y lucha contra el fraude) recomiendan una revisión de la aplicación de los impuestos, así como los derechos y garantías de los contribuyentes. “En este sentido, juzgamos que la paulatina reducción de las posibilidades de cometer fraude fiscal genera un clima propicio para propugnar un nuevo marco de relaciones entre la Administración y el contribuyente”, advierte Antón. Todo ello basado en la transparencia, la confianza y la percepción de un sistema tributario justo, teniendo en cuenta a la simplificación y asistencia en el cumplimiento de las obligaciones ya la detección de bases imponibles no declaradas, frente a la preeminencia de la detección de meros errores y deficiencias.
Por ello, y como inversión de las facultades y prerrogativas de la Administración, “nos pronunciamos por una mayor exigencia de la misma en materia de información y asistencia al contribuyente, así como en materia de nuevas garantías para los contribuyentes como el derecho a transparencia y publicidad de los Planes Nacionales de Recogida de Información, acceso a la información y su rectificación, comunicación e información sobre el uso de algoritmos por parte de la Administración Tributaria, errores, solicitudes de revisión voluntaria, etc”.
Dualidad de administración digital
Para este investigador, el uso de tecnologías como la Inteligencia Artificial, blockchain, big data, machine learning, o el “Internet de las Cosas”, etc. por parte de las administraciones tributarias puede dar lugar a dos modelos de administración digital. “Por un lado, un modelo reactivo basado en la recaudación y tratamiento de datos con trascendencia fiscal para detectar el fraude. Por otro, un modelo proactivo basado en el uso de la tecnología para prevenir el fraude, pero también para facilitar el cumplimiento voluntario a través de la personificación de los servicios de la administración.
A su juicio, los dos modelos tienen el potencial de cumplir con el principio de efectividad e, incluso, aumentar la eficacia de la administración tributaria. “Apostar por un modelo proactivo podría contribuir a una mayor aceptación del sistema tributario, así como a la reducción de la litigiosidad al reducir la confrontación”, señala. Por otra parte, el modelo reactivo y la automatización de decisiones individuales a través de las mencionadas tecnologías pueden dar lugar a nuevas fuentes de conflicto. “Y ello, porque un potencial predominio de los criterios tecnológicos sobre los legales puede conducir a una grave vulneración de los derechos y garantías de los contribuyentes. En mayor medida, la automatización y los sistemas de recogida y tratamiento de datos a través de las TIC entrarán en tensión con derechos fundamentales como la igualdad o la intimidad, con cuestiones relativas a la protección de datos personales, con la seguridad jurídica; o con principios u obligaciones de la actuación administrativa tales como la obligación de motivación o la efectividad del derecho o recurso”.
Digitalización y derechos del contribuyente
Para Alvaro Antón, es necesario conciliar la digitalización de la administración con la salvaguarda de los derechos y garantías del contribuyente. “En este sentido, el principio de proporcionalidad, los derechos de los contribuyentes en los procedimientos de aplicación de los tributos, la protección de datos, etc., deberán garantizarse desde el momento en que se generen las soluciones tecnológicas encaminadas a garantizar la efectividad del deber de contribuir”.
En consecuencia, las tensiones que surgirán entre la automatización de la administración a través de tecnologías, por ejemplo, la Inteligencia Artificial “no puede resolverse, únicamente, de forma reactiva -a través de sentencias judiciales tardías– porque, entre otras cuestiones, esta postura no haría más que acrecentar el conflicto entre administración y administrados. Es necesario, desde un principio, propuestas de lege ferenda y planificación de derecho positivo teniendo en cuenta principios similares a los vigentes en el campo del Derecho Ambiental como el de precaución/prevención”.
Asimismo, en el ámbito de la digitalización de las administraciones tributarias, se necesita más literatura científica y modelos para implementar estudios de derecho comparado que entreguen un catálogo de buenas prácticas entre Administraciones Tributarias, destaca Antón. “Los resultados de estos estudios deben ser contrastados teniendo en cuenta el necesario respeto a los derechos humanos y a los derechos y garantías de los contribuyentes”. Todo ello para avanzar hacia un nuevo modelo de Administración Tributaria Digital que consiga un correcto equilibrio entre, por un lado, lo colectivo derechos asociados al derecho legítimo de luchar contra la evasión fiscal y recaudar las rentas necesarias para el funcionamiento del Estado y, por otro, los derechos individuales de los contribuyentes.
Una investigación internacional
Para este experto, la Gobernanza Fiscal y la Transparencia han sido constantes factores relevantes en un proyecto que también propone una interacción entre el mundo académico y el europeo, regional y hacedores de políticas locales. Por ello, en el proyecto de la Cátedra Jean Monet colaboran investigadores de Universidad CEU San Pablo, el International Bureau of Fiscal Documentation, el Instituto de Estudios Fiscales, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina, la Università di Chieti-Pescara, la Maastricht University Globtaxgov y la Universitat de Barcelona.
El trabajo de estos expertos se plasmará próximamente en un libro en el que se abordan, entre otras cuestiones, los retos regulatorios del uso de la Inteligencia Artificial, los potenciales riesgos e impactos legales asociados con la digitalización, un análisis comparado del uso de Big data, inteligencia artificial y aprendizaje automático en países europeos, una análisis de la transformación digital de las administraciones tributarias y los nuevos derechos de los contribuyentes en América, el uso del blockchain o los Nuevos Derechos de los Contribuyentes en el entorno digital, el Internet de las cosas en el Derecho Tributario.
