- En España, casi 80.000 personas no pueden votar por estar incapacitadas jurídicamente
“Las declaraciones de incapacidad se han disparado en España por motivos socio-sanitarios, familiares y económicos, el daño colateral es la privación del voto”. Así se ha manifestado Joaquín J. Benlloch, médico forense adscrito al Servicio de Psiquiatría, durante su intervención en la mesa redonda Sufragio y Discapacidad: la Universalidad del voto, que ha organizado la Universidad CEU Cardenal Herrera con motivo de la celebración del Día Internacional de las personas con discapacidad.
Junto a Benlloch, han participado en la mesa redonda la jueza de 1ª instancia e Instrucción Lara Esteve, y la representante del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) para la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y para los derechos humanos, Leonor Lidón.
El derecho al sufragio de las personas con discapacidad está reconocido en el artículo 29 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. España ratificó estos Derechos en 2007. Sin embargo, se calcula que en nuestro país unas 80.000 personas son privadas del derecho al voto por haber sido incapacitadas por sentencia judicial firme.
En sus intervenciones los expertos han abordado la retirada del derecho a sufragio activo a personas con discapacidad desde sus respectivas áreas profesionales.
Leonor Lidón: No se puede limitar un derecho universal por un miedo a la manipulación
Leonor Lidón, especialista en Derechos Humanos y Discapacidad, y representante de CERMI, ha reflexionado sobre la discriminación generalizada que sufren las personas con discapacidad. Lidón ha explicado que la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad propone un cambio de modelo con diferentes retos: la revisión de las leyes que regulan la guarda y tutela, la sustitución de la incapacitación por un sistema de apoyos a la persona, y la revisión de la legislación para garantizar el derecho al voto. “El derecho al sufragio es un derecho universal, y no se puede limitar un derecho universal por un miedo a la manipulación” ha destacado.
La jueza Lara Esteve ha explicado el proceso de incapacitación de una persona, y qué consecuencias tiene en su plena participación en la vida pública. En su intervención, ha destacado que son padres, familiares e incluso el Ministerio Fiscal quienes pueden solicitar que se inicie el proceso de incapacitación cuando estiman que la persona se encuentra en situación de vulnerabilidad. Esteve ha recordado que las consecuencias de la incapacitación pueden ser de muy diversa índole puesto que “se le va a privar a la persona de tomar decisiones sobre su patrimonio o sobre el testamento”, sin embargo ha destacado que “se puede incapacitar a una persona con discapacidad y proteger su derecho al voto. El juez debe determinar por qué se le priva de este derecho”.
Por su parte, Benlloch ha explicado las pruebas de valoración que se realizan para emitir un informe de incapacitación y cómo se desarrolla un proceso dónde también se tienen en cuenta los informes de los servicios sociales, de la Policía y otros informes médicos. El médico forense ha señalado que “no existe ningún test específico, en este informe, que determine si una persona debe estar privada de derecho al voto”. Desde su opinión personal, Benlloch ha defendido que “si una persona conserva una mínima conciencia de sí misma nadie debería impedirle votar. Votar es emitir una opinión ¿hay que autorizar a alguien a opinar?”.
En atención a las preguntas de numerosos familiares de personas con discapacidad y estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas que han asistido a la mesa redonda, los expertos han destacado que la incapacitación se lleva a cabo, sobre todo, “para proteger a las personas en situación de riesgo” pero “si bien una persona puede tener dificultades para manejar sus bienes, ello no conlleva en sí mismo que tenga dificultades para entender lo que es la política y determinar el voto”.
La Mesa Redonda “Sufragio y Discapacidad: la universalidad del voto” se ha desarrollado en el Palacio de Colomina CEU y ha sido organizada por la profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Katia Esteve del Grupo de Investigación Democracia deliberativa, comunicación y ciudadanía , y el profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, José Solves del Grupo de Investigación Discapacidad y Comunicación.
